Tribunal Superior de Justicia
Lunes 26 de Septiembre de 2022

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Mayo, 2022
 

Justicia Restaurativa

 

La Oficina de Innovación y Gestión Judicial del Tribunal Superior de Justicia, junto con el Secretario General de la Federación Argentina de la Magistratura y el Vicepresidente del National Center for State Courts de los EEUU visitaron, en el marco de los convenios* firmados con ambas entidades,  la Unidad Nº 48 de San Martin para interiorizarse del proyecto de justicia restaurativa que lleva adelante la Fundación Espartanos.



*Ver
Convenio FAM – Ver Convenio NCSC




1 de abril de 2022

 

El TSJ en la 1ª reunión de JUFEJUS 

El juez Santiago Otamendi, vocal de este Tribunal y coordinador de la Oficina de Innovación y Gestión Judicial, participó de la primera reunión de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) 2022. El encuentro se celebró el viernes 1° de abril en Ushuaia, Tierra del Fuego, y coincidió con los actos centrales que se realizaron en esa ciudad con motivo del 40° Aniversario del Inicio de la Guerra de Malvinas. 

  

 

Jueces y juezas de los Tribunales Superiores del país

El 1° de abril el doctor Santiago Otamendi participó de la reunión de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), que estuvo encabezada por la presidenta y el vicepresidente, doctores María del Carmen Battaini y Jorge Rojas, respectivamente

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fue el anfitrión de la reunión: su presidente Javier Darío Muchnik, su vicepresidente Gonzalo Sagastume y el juez Ernesto Löffler. Además, asistieron una gran cantidad de jueces y juezas en representación de los poderes judiciales provinciales.


El doctor Santiago Otamendi en la reunión de Comisión Directiva de la JUFEJUS


Temas tratados

La presidenta de la Junta, María del Carmen Battaini, comentó que durante la reunión se abordaron cuestiones que posibilitan un mejor servicio de justicia. Asimismo, se trataron temas puntuales como los convenios interjurisdiccionales, para agilizar las comunicaciones mediante la incorporación de tecnologías y, de esta manera, facilitar la virtualidad.

También, debatieron sobre cuestiones inherentes al Instituto de Capacitación Judicial y a diferentes convocatorias, proyectos y propuestas que la Junta Federal llevará adelante durante este año.

De la reunión de Comisión Directiva participaron los vocales doctores Fernando Augusto Niz (Corrientes), Ariel Gustavo Coll (Formosa), Luis Brizuela (La Rioja) y Alicia Mercau (Santa Cruz); el tesorero Hugo Díaz (La Pampa), la protesorera Emilia María Valle (Chaco) y la revisora de cuentas suplente Adriana García Nieto (San Juan).

 

Además del doctor Otamendi, también estuvieron presentes los jueces doctores Néstor Hernán Martel (Catamarca); Eduardo Panseri y Guillermo Semhan (Corrientes); Víctor del Río e Íride Grillo (Chaco); Miguel Giorgio y Daniel Carubia (Entre Ríos); Marcos Quinteros y Guillermo Alucín (Formosa); José Manuel del Campo (Jujuy), Elena Fresco y José Sappa (La Pampa); Ana Becerra y Gabriela Asís (La Rioja); Dalmiro Garay Cueli (Mendoza); Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria (San Juan); Jorge Levingston (San Luis), Enrique Peretti (Santa Cruz), Rafael Gutiérrez y Roberto Falistoco (Santa Fe) y Edgardo Lludgar (Santiago del Estero). 

Homenaje a ex combatientes de Malvinas

La reunión fue organizada en Ushuaia con el objetivo de que los jueces y las juezas de los Superiores Tribunales de las Provincias y CABA acompañaran y participaran de los actos conmemorativos por el 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas.

En ese marco, los participantes asistieron a la vigilia en homenaje a los héroes de Malvinas que comenzó a las 22:30 hs. del 1° de abril en la Plaza Islas Malvinas, con el desplazamiento de la Bandera Oficial de la Nación en manos de los veteranos, desde la Prefectura Ushuaia hasta la plaza Islas Malvinas.

A medianoche, se arrió el Pabellón Nacional que fue recibido por la Vicegobernadora de parte de los ex combatientes y se izó la nueva bandera, donada por personal de la Prefectura Argentina, que flameará en el mástil durante todo 2022.

Los jueces y las juezas de todo el país, integrantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, también rindieron homenaje a nuestros héroes entregando una corona conmemorativa.

 

 

17 de diciembre de 2021

La Oficina de Innovación y Gestión Judicial estrecha lazos de cooperación institucional

  

La Oficina de Innovación y Gestión Judicial inició un proceso de acercamiento y diálogo con distintas organizaciones nacionales e internacionales con el objetivo de generar espacios para compartir experiencias, debatir desafíos comunes e intercambiar buenas prácticas innovadoras en materia de gestión judicial.    

En este sentido se mantuvo un encuentro con autoridades de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM)* representada por la presidente Marcela Ruiz y el secretario general Christian Fabio, en la que se coincidió en la necesidad de desplegar acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo de la Agenda 2030 de la ONU y en particular con su Objetivo 16 para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

 

 

 Christian Fabio, secretario general de la FAM, Santiago Otamendi y Marcela Ruiz, presidente de la FAM 

 

(*) Misión: contribuir al mejoramiento del servicio de administración de justicia y fortalecer las bases republicanas y democráticas de la Nación.


 

Noviembre, 2021

Cooperación Internacional: visita al National Center for State Courts

El doctor Santiago Otamendi, vocal y responsable de la Oficina de Innovación y Gestión Judicial del TSJ visitó el National Center for State Courts (NCSC) donde se reunió con Jeffrey Apperson, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la organización en la que acordaron profundizar la relación entre el Tribunal y dicha ONG en miras a la posible firma de un convenio de colaboración en temas de acceso a la justicia y gestión judicial.

 

 

Santiago Otamendi, ministro TSJ Caba junto a Jeffrey Apperson, vicepresidente de Relaciones Internacionales del National Center for State Courts (NCSC) Virginia.

    

NCSC es una ONG fundada por los líderes de las Cortes de los EE. UU. para cumplir la promesa de igualdad de justicia bajo la ley. Hoy, NCSC opera en los EE. UU. y en más de treinta países para promover y mejorar los sistemas y servicios de justicia. Los programas del NCSC buscan ampliar el acceso a la justicia y mejorar la calidad de los servicios a través de asistencia técnica, capacitación y tecnología. Para lograr su misión, colaboran con instituciones gubernamentales, actores de la sociedad civil, educadores, investigadores y socios de desarrollo en la búsqueda de justicia para todos. 

 


 

Noviembre, 2021

 

Encuesta sobre Comunicación Judicial

 

La Secretaría de Coordinación de Políticas Judiciales y la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura invitan a usted a participar de la “Encuesta sobre comunicación judicial como dimensión del acceso a la justicia”* que cuenta con el apoyo institucional del Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público Tutelar, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Es muy importante para nuestra organización conocer su opinión sobre los temas aquí abordados para planificar e implementar políticas dirigidas a mejorar la comunicación del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cumplimiento de la Ley 17622/68 (y su decreto reglamentario Nº 3110/70), le informamos que los datos que usted proporcione serán utilizados sólo con fines estadísticos, quedando garantizada su absoluta y total confidencialidad. No quedará registro de su nombre u otros datos personales/laborales asociados al cuestionario.

Responder la encuesta lleva alrededor de 10 minutos. Si usted no tuviera tiempo de completarla toda de una sola vez, puede interrumpir la carga, guardar lo completado hasta ese momento y retomarlo más tarde. Tenga en cuenta que para enviarla es obligatorio haber respondido todas las preguntas.

La encuesta podrá ser contestada tanto desde una PCs como desde cualquier dispositivo móvil.

 

¡Muchas gracias por su generosa colaboración!

 

 (*) Para participar, por favor ingrese al siguiente link:

http://encuestas.jusbaires.gob.ar/12914?token=z2gP7KKgzMgzfzS&lang=es

Si no desea participar, ingrese al siguiente link:

http://encuestas.jusbaires.gob.ar/optout/tokens/12914?langcode=es&token=z2gP7KKgzMgzfzS

 


Ley de Integridad Pública

 



La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó con fecha 19 de noviembre de 2020 la Ley 6357  que instituye el “Régimen de Integridad Pública” al que deberán someterse todos los funcionarios de los tres poderes constitucionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con el “objeto de establecer los principios y deberes éticos, las incompatibilidades, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y las respectivas sanciones por su incumplimiento que rigen la función pública”.

La norma especifica que está comprendida en este régimen toda “persona humana (que) en nombre del Estado de la CABA o al servicio de éste o de sus organismos” realice alguna “actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria”.

Incumben sus preceptos a “cualquiera de los poderes, comunas u órganos de control, en todos sus niveles y jerarquías, organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, organismos de seguridad social, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todos aquellos organismos donde la Ciudad tenga participación en el capital o en su dirección”.

En varios títulos, capítulos y artículos (102 en total y 5 cláusulas transitorias) se determina taxativamente los principios y deberes éticos, el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de conflictos de intereses, la publicidad de esos datos para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos, disposiciones contra el nepotismo, incompatibilidades, procedimientos frente a conflictos reales o potenciales y sus acciones preventivas, las limitaciones en la función pública y tras retirarse de su ejercicio y hasta se legisla sobre los obsequios que puede o no recibir un funcionario.

Además se fija el tipo de sanciones que pueden o deben aplicarse y se ordena que los dictámenes por los casos que surgieran de supuestas irregularidades deberán tener obligatoria difusión pública.

Se crea la Oficina de Integridad Pública, que funcionará en cada uno de los tres poderes del Estado “con independencia técnica, sin sujeción a directivas, instrucciones ni condiciones que se impartan o establezcan por sujetos ajenos a su estructura. Las decisiones que emita en materia de integridad pública sólo serán revisadas judicialmente”; y que tendrá por misión es “velar por el cumplimiento del presente régimen, promover y divulgar programas permanentes de capacitación sobre el contenido de la presente ley y sus normas reglamentarias”.

Además de fijar los estándares éticos para cada organismo, la OIPB asesorará y dictaminará sobre “la interpretación e implementación de la presente Ley” y respecto de medidas que promuevan las buenas prácticas de honestidad y austeridad y prevengan “sobre las situaciones que pudieran constituir actos de corrupción y/o incompatibilidad en el ejercicio de la función pública, con el objeto de elevar y fortalecer la transparencia de la gestión del Estado”.


Ley Yolanda

Los numerosos desafíos ambientales de nuestro tiempo demandan el compromiso de todos los sectores sociales y principalmente de quienes planifican e implementan políticas públicas. En ese sentido, la formación ambiental, en tanto proceso orientado a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten tomar decisiones individuales y colectivas de cara a la construcción de un modelo de desarrollo sostenible –basado en la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural– constituye una herramienta imprescindible.

La Ley 27592, sancionada el 17 de noviembre de 2020, es una ley que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública.

El objetivo principal de la Ley Yolanda es que las y los funcionarios y empleados públicos de los tres Poderes del Estado comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas para contribuir, desde la gestión estatal, a la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible.

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