Viernes 29 de Mayo de 2020

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TSJ convalidó decisión de Cámara que decretó la nulidad de la resolución que obliga a los agentes del GCBA a informar si tienen otro empleo a través de una declaración jurada

El Tribunal Superior de Justicia rechazó, por mayoría, los agravios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dirigidos a sostener la resolución que establecía para funcionarios y representantes de la Administración, con excepción del personal docente, la obligación de informar a través de una declaración jurada si poseían otro empleo, así como el horario de dicha prestación,  por considerar que la medida proponía condiciones distintas a las impuestas por la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública local (Ley 471).

La acción de amparo fue promovida por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que consideró la regulación sancionada por el Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos del GCBA en agosto de 2009 un avasallamiento a la intimidad y objetó que la solicitud de información sobre la situación del empleo privado de los trabajadores estatales sea un medio idóneo para resolver situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de la Administración, por lo cual pidió se decretara su nulidad.

Si bien resolvió en la forma indicada, el Tribunal rechazó en cambio la parte de la demanda que cuestionaba las condiciones previstas por la resolución para las futuras designaciones de agentes de la Ciudad.

Los magistrados consideraron legítima la presentación de ATE como acción de clase, la cual entendieron conformada por los agentes del GCBA, por tratarse de una asociación gremial defensora de los derechos de los trabajadores y encuadrarse su petición en el artículo 43 de la Constitución Nacional que acuerda el derecho a formular ante el Poder Judicial pretensiones de alcance colectivo destinadas a obtener la tutela de derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos.

Los jueces Luis Francisco Lozano, Alicia  E. C. Ruiz y Marta Paz, de la Cámara de Apelaciones en lo Penal,  Contravencional y de Faltas, que en esta oportunidad integró el Tribunal, coincidieron en rechazar los agravios del GCBA dirigidos a cuestionar la decisión de la Cámara en cuanto entendió ilegítima la resolución 45/09 por modificar los contratos de trabajo vigentes al 20 de agosto de ese año y resultar contraria a la Constitución de la Ciudad.

Los tres magistrados sostuvieron que ni el Código Civil, ni las leyes laborales ni la legislación local permiten al GCBA hacer esa modificación en los contratos de trabajo vigentes a la fecha de dictarse la resolución en cuestión.

Lozano aseguró que de acuerdo a la Ley 471 los empleados de la Ciudad tienen la obligación de declarar situaciones de pluriempleo solo al inicio de la relación laboral, mientras la resolución 45/09 “establece: (i) un momento distinto para la presentación de la DDJJ para los contratos de trabajo vigentes al 20 de agosto de 2009, que tiene lugar: a los 15 días de publicada la Resolución; (ii) la obligación de mantener actualizada la DDJJ (cf. el art. 5 de la Resolución, ver el punto 3 de este voto); y (iii) el deber de brindar información que excede, en mucho, la requerida por el citado artículo art. 10, inc. k, a saber: si el trabajo es remunerado, la condiciones en que se realizan esos trabajos (bajo relación de dependencia o como autónomo), el horario en que se realizan los trabajos y su carácter (público o privado). Recordemos que el art. 10, inc. k, de la ley 471 sólo impone la obligación de declarar la “…acumulación de cargos, funciones y/o pasividades…”. No requiere la declaración de ninguna otra información”.

En sus votos en disidencia, los jueces Ana María Conde y José Osvaldo Casás rechazaron la demanda de la actora por considerar, entre otros factores, que no se pudo demostrar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la resolución, y sostuvieron que la norma fue dictada por una autoridad administrativa competente y conforme con las disposiciones de la Ley 471.

Conde afirmó que las exigencias que agrega la resolución “no resultan caprichosas sino que apuntan a mantener actualizada la situación laboral de los empleados públicos porteños, lo cual le permitirá a la Administración Pública analizar las posibles existencias de incompatibilidades, superposiciones horarias o relaciones con contratistas o empresas sujetas a control estatal que puedan perjudicar la eficiencia, idoneidad y/o transparencia de la organización administrativa”.

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