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TSJ revocó un fallo que ordenaba al GCBA reincorporar a su planta a una empleada condenada por el delito de rebelión

El Tribunal Superior de Justicia revocó por mayoría un fallo que ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reincorporar como empleada de planta permanente en el cargo de inspector/auditor tributario de la AGIP a una persona cuya designación en ese puesto se había dejado sin efecto por sus antecedentes penales vinculados con lo ocurrido el 23 y 24 de enero de 1989 en el cuartel militar del Regimiento de Infantería Mecanizada n 3 General Belgrano, localizado en La Tablada.

Dora Ester Molina, condenada a quince años de prisión como coautora del delito de asociación ilícita calificada y partícipe secundaria en rebelión, entre otros, e indultada meses antes de cumplirse la totalidad de la pena, ingresó a trabajar como contratada en la Dirección General de Rentas del GCBA –luego devenida AGIP-- en enero de 2003, y en 2007 fue designada por resolución en la planta permanente, pero ese acto quedó sin efecto un año más tarde tras comprobarse que la actora no reunía las condiciones de admisibilidad para la función pública que contemplaba el artículo 7° de la ley 471.

Esa norma, vigente en el momento de la decisión, establecía que no podían ingresar a la Administración quiénes hubieran sido condenados por delito doloso, entre otras restricciones.

Al analizar el caso, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió tratarlo incorporando la modificación que votó la Legislatura al artículo 7 de la ley 471, que fue publicada en febrero de 2010 --ley 3.386--, y que excluyó como causal para prohibir el acceso a la función pública la comisión de delitos dolosos. En ese sentido, los jueces entendieron que no era posible abarcar dentro de los delitos contra la Administración el de rebelión.

En sus argumentos, la resolución apelada concluyó que “sin perjuicio del repudiable delito cometido por la demandante, en virtud de la reforma legislativa operada por la ley 3386 que modificó el alcance del art. 7º, inc. a, de la ley 471, eliminando como causal de impedimento para acceder a la función pública, la comisión de delitos dolosos, limitándola a los delitos contra la Administración Pública, cabe confirmar que la accionante no está inmersa en la causal de inhabilitación que regula el art. 7, inc. “a”, de la ley 471, reformada por la ley 3386” (fs. 329).

 

Los jueces Luis Francisco Lozano, Ana María Conde y José Osvaldo Casás coincidieron en que cuando se dictó el acto administrativo cuestionado por la demandante estaba vigente el artículo 7 de la ley 471 en su redacción original, que incluía como impedimento a todos los delitos dolosos, por lo que sostuvieron qué la Cámara no pudo examinar la legitimidad del acto administrativo a la luz de una norma sancionada con posterioridad a su dictado.

 

En sus fundamentos, Lozano sostuvo que “en el caso, en el que existió un acto que denegó el ingreso de la Sra. Molina por considerar que los antecedentes penales que fueron informados se encontraban dentro de los establecidos en el artículo 7° de la ley 471, conforme al texto vigente en ese momento; la actuación de la Administración terminó con esa decisión y no puede ser reeditada la pretensión de la actora”. “Así las cosas, la aplicación de la regla que empleó el a quo significaría admitir la revocación de actos administrativos imputándoles como vicios la omisión de aplicar el régimen legal nonato y del que la Administración no habría podido tener conocimiento”.

 

El juez concluyó que “no existe otra interpretación posible que no sea la de examinar la validez del acto impugnado a la luz de la norma vigente al momento de su dictado”.

 

En su voto en disidencia, la juez Alicia E. C. Ruiz rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA.

 

Ruiz sostuvo que “una lectura atenta del recurso de inconstitucionalidad permite advertir que las manifestaciones expuestas no superan el nivel de una mera discrepancia y no constituyen una impugnación sólida que, desde la óptica constitucional, alcance a rebatir los argumentos fundados que motivaron al pronunciamiento en crisis, por lo que corresponde su rechazo”.

 

La juez Inés M. Weinberg se excusó de intervenir en este expediente por haber firmado la sentencia de fondo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

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