Jueves 22 de Octubre de 2020

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El Tribunal porteño prohibió cobrar el ABL con boletas sin identificar

El Cronista -

Dolores Olveira -

El Tribunal Superior de Justicia rechazó una ejecución de ABL a un contribuyente no identificado en la boleta, pero la AGIP ya no inicia juicios con estos títulos

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires prohibió al Gobierno porteño que intime el pago de ABL a personas que no estén identificadas en la boleta de deuda.
La Agencia de Ingresos Públicos (AGIP) viene trabajando en los últimos años por identificar a los contribuyentes de ABL y ya regularizó unas 30.000 partidas. Además, en los últimos cuatro años ya no se hicieron juicios con boletas sin identificar al propietario, anticipándose a este tipo de sentencias.
Para avanzar en la identificación a los propietarios, la AGIP lleva a cabo un proceso de informatización que involucra al escribano que interviene en la escritura y desde agosto ya se hicieron 7.000 trámites por Internet.
Además, para motivar a quienes no están identificados a acercarse al fisco y llevar el título de su propiedad, la AGIP ofrece a personas físicas un beneficio para buenos contribuyentes, que consiste en un descuento de 10% cuando se pagaron a término todas las boletas de un año, el que se descuenta íntegro de la primera cuota del año siguiente. Se están distribuyendo 90.000 cartas para ofrecer esto.
El Tribunal Superior de Justicia rechazó una ejecución fiscal por una deuda de $ 6.254,64 en concepto de Contribuciones de Alumbrado Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras (ABL) por los períodos 1997 a 2000 inclusive, porque entendió que la boleta de deuda que se pretendía ejecutar no reunía los requisitos necesarios para constituir un título ejecutivo, al estar referida sólo a "Señor Propietario".
El juez de primera instancia había ordenado la ejecución contra Jorge Papaecononou, con apoyo exclusivo en una boleta de deuda que no identificaba al deudor y en la mera afirmación del abogado del Gobierno de la ciudad --ante el pedido del magistrado-- de que Papaecononou era el propietario a que se refería ese documento, lo que resultó falso. Incluso el juez condenó a pagar una deuda que ya estaba cancelada.
El TSJ revocó esa sentencia por entender que una boleta de deuda en esas condiciones no constituía un título ejecutivo hábil, y que las deficiencias que padecía no podían ser salvadas mediante una declaración personal del abogado oficial.
El presidente del Tribunal, Luis Lozano, expresó que la sentencia cuestionada "aplica una regla que, de prosperar, pondría en vilo a todos los habitantes de esta ciudad, al someterlos al riesgo de que les sean ejecutadas deudas tributarias no certificadas por autoridad competente, con la inseguridad que ello acarrearía y la grave vulneración a las garantías constitucionales que ese hostigamiento supone".
La vicepresidente del Tribunal, Alicia Ruiz, expresó en su voto que, al demandar a Papaecononou, el Gobierno porteño "no acompañó elementos que relacionaran a aquel con el inmueble. Por el contrario, cuando la primera cédula tendiente a notificar volvió devuelta sin diligenciar, el Gobierno adjuntó una impresión de su base de datos en la que aparece la Sra. Susana Fernández Oruezabala como propietaria del inmueble".
Asimismo, el juez José Osvaldo Casás, repasó los requisitos que deben constar en la boleta de deuda aunque no haya una regulación específica en el orden local que los establezca y exigió la individualización del contribuyente.


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