Martes 20 de Octubre de 2020

Crear PDF Recomendar Imprimir

Nombre incorrecto, deudor exento

Noticias Urbanas -

Por Angie Carnevali -

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad resolvió rechazar una ejecución fiscal que intimaba a un vecino a pagar 6.254 pesos por deuda de ABL por no estar adecuadamente identificado el deudor en la boleta. En la boleta en cuestión únicamente se expresaba que el “propietario” de un inmueble adeudaba al Gobierno porteño el pago de contribuciones.

Un vecino de la Ciudad logró, tras un largo proceso judicial, ser exonerado del pago de una deuda de ABL por 6.254 pesos, al obtener un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia. Según lo resuelto por mayoría, el máximo tribunal porteño se revocó la sentencia en la cual se ordenaba la ejecución fiscal al entender que no se puede intimidar al pago de una deuda a personas que no estén correctamente identificadas en la boleta de deuda emitida por el Gobierno de la Ciudad.

En el caso en análisis, Jorge Papaecononou, representado por la defensoría en lo CAyT Nº 3 a cargo de Lorena Castro Feijoo, planteó una apelación fundada en que se lo había condenado a pagar el tributo respecto de un inmueble del cual “no es ni ha sido nunca titular dominial ni usufructuario, ni poseedor, ni responsable por ningún otro título”.

En los fundamentos de su voto, la jueza Alicia Ruiz destaca que al inicio del trámite, el Gobierno porteño dirigió la ejecución fiscal contra “el señor PROPIETARIO del inmueble ubicado en…”, que tras el pedido del identificación por parte del juez interviniente, la Ciudad indicó a Papaecononou como el demandado, y que dicha identificación no era correcta. “Se condenó al Sr. Papaecononou a pagar una deuda de ABL cuando obran en la causa constancias que acreditan que aquél no es el propietario del inmueble respecto del cual se habría devengado el tributo y a pesar de que no luce en las actuaciones elemento alguno que por cualquier otro título vincule al aquí ejecutado con el Inmueble”, sostuvo la magistrada, quien también resaltó que incluso “cuando la primera cédula tendiente a notificar volvió devuelta sin diligenciar, el Gobierno adjuntó una impresión de su base de datos en la que aparece la Sra. Susana Fernández Oruezabala como propietaria del inmueble”.

Por su parte, el juez José Casás subrayó que entre los requisitos para una ejecución fiscal se debe complementar la boleta de deuda “con la individualización del contribuyente por el mismo funcionario habilitado a emitirla, u otro con igual competencia, sobre la base de las constancias que pudieran obrar en los registros fiscales pertinentes, o mediante la obtención de un informe expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble o por el Registro de la Propiedad Automotor, en el caso de vehículos, según el impuesto de que se trate, que adecuadamente revele el antecedente en cuestión”.

El presidente del TSJ, Luis Lozano destacó que de prosperar este tipo de ejecuciones fiscales mal identificadas, se “pondría en vilo a todos los habitantes de esta Ciudad, al someterlos al riesgo de que les sean ejecutadas deudas tributarias no certificadas por autoridad competente, con la inseguridad que ello acarrearía y la grave vulneración a las garantías constitucionales que ese hostigamiento supone”.

En el voto de minoría, la jueza Ana María Conde consideró que se debía rechazar el planteo porque existían impedimentos formales que tornaban improcedente el recurso deducido.

 

 


Búsqueda avanzada