Martes 10 de Diciembre de 2019

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Remedios polémicos

Ciudad1 -

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad rechazó este miércoles un planteo contra el veto que en diciembre pasado dictó el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, a la ley que prohibía la venta de medicamentos en kioscos y supermercados.

Por mayoría, el máximo tribunal porteño rechazó un planteo de inconstitucionalidad presentado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) contra la decisión de Macri.

La Legislatura aprobó el 17 de noviembre del año pasado una ley por la cual adhirió a la norma nacional 25.567 que establece que las ventas de drogas o medicamentos "sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas", y prohibía que se hiciera en otros lugares, como kioscos.  

Pero un mes después Macri dictó el decreto 670/11 por el cual vetó la ley y dejó sin efecto la aplicación de la norma en la Ciudad.

El Legislador Rubén Campos (UCR), autor de la iniciativa, señaló a Ciudad1 que  no coincide con la decisión del tribunal. "Acá hay una ley nacional que determina una normativa para todas las jurisdicciones independientemente de la cuestión federal  y de la independencia que tenga cada jurisdicción".

Asimismo, agregó que "hay ciertos derechos que deben ser resguardados porque bajo el punto de vista constitucional están protegidos. La venta de medicamentos fuera de las farmacias no tiene ningún control estatal que permita asegurar si un medicamento es falso o si está vencido. Por lo tanto, queda a libre albedrío de cualquier ciudadano esa toma de medicamento que puede perjudicar a su salud".

Campos resaltó que "el Tribunal Superior se está equivocando porque no está cumpliendo con los deberes constitucionales que es proteger la salud y la seguridad de las personas".

Además, el legislador radical adelantó que el proyecto de ley "se va a presentar nuevamente". "Estoy esperando que los actores principales de esta problemática hablen conmigo para la presentación. No lo quiero hacer sin el ok de los sectores sociales involucrados para que ellos decidan la mecánica a seguir".

El juez José Casás consideró que "el veto constituye una instancia que se da en el marco del proceso de formación y sanción de las leyes previsto en la Constitución, cuyo ejercicio es atribución exclusiva del titular del Poder Ejecutivo".

Por su parte, el magistrado Luis Lozano, presidente del Tribunal, señaló que anular el veto "supondría interferir con el procedimiento" que está en marcha, ya que la decisión de Macri debe ser analizada por la Legislatura que, según las normas, si logra aprobar la iniciativa con dos tercios de los votos la convierte en ley.

Esas posturas fueron compartidas por Ana María Conde, votos con los cuales se declaró "inadmisible" el planteo.

En disidencia se pronunció la jueza Alicia Ruiz, para quien el veto "es susceptible de ser objeto de la acción interpuesta pues cumple con los recaudos de ser una norma local de carácter general, toda vez que su contenido y propósito remite a un proyecto de ley general".

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